El Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCM) revocó la respuesta del Congreso local con relación a una solicitud de información en la que una persona pidió a la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción capitalino, información relacionada con las convocatorias de los años 2018 y 2019.
La Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina, quien posicionó el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0383/2024, explicó que, ante la solicitud, el Congreso de la Ciudad se declaró incompetente, y remitió la petición a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción y al Comité Coordinador, a quienes identificó como las entidades adecuadas para atender la solicitud. Por ello, la persona solicitante interpuso un recurso de revisión ante este órgano garante.
Detalló que, de acuerdo con el análisis realizado por su Ponencia, se identificó que la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México mandata al Congreso conformar la Comisión de Selección y emitir convocatorias para el proceso de designación del Comité de Participación Ciudadana.
Derivado de estas atribuciones -dijo la Comisionada-, el Congreso publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, del 28 de noviembre de 2019, el Decreto que designa a las personas integrantes de la Comisión de Selección, lo que representa un indicio claro de la posesión de la información solicitada.
“Al declararse incompetente y al no turnar la solicitud a todas sus áreas, consideramos que el Congreso no cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad. En consecuencia, la persona tiene razón en su queja”, afirmó.
Nava Polina resaltó la relevancia de este caso por el papel fundamental del Sistema Anticorrupción y del grave rezago en el que se encuentra la capital del país en esta materia.
Aseveró que los sistemas anticorrupción, tanto en el ámbito local como nacional, desempeñan un papel crucial al establecer políticas preventivas contra la corrupción, crear mecanismos eficientes para la gestión y auditoría de los recursos públicos, y fomentar la colaboración entre entidades responsables de la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas.
“Sin embargo, resulta alarmante que la Ciudad de México, al igual que Nuevo León y Veracruz, no disponga de un Comité de Participación Ciudadana y, por lo tanto, de un Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción activo y funcional. A esto se suma que, como en Puebla, Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa y Baja California, aún no se ha nombrado a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva. Además, comparte con Nuevo León, Tamaulipas y Baja California la ausencia de una Política Estatal Anticorrupción y la falta de un presupuesto específico en esta materia”, puntualizó.
La Comisionada Nava Polina refirió que el debilitamiento de estas instituciones se hace todavía más incomprensible en una ciudad donde 9 de cada 10 personas adultas piensan que los actos de corrupción son muy frecuentes, y el 57% de la población percibe a la corrupción como uno de los problemas más importantes, de acuerdo con el INEGI.
Aseguró que el acceso a la información sobre medidas de integridad pública es esencial, más aún en un año electoral, donde las personas deben tener acceso a datos completos y fidedignos en los portales oficiales.
Por tanto -consideró-, garantizar el acceso a la información sobre el Sistema Anticorrupción con el que cuenta el Congreso de la Ciudad de México trasciende el cumplimiento de la ley de transparencia. También es esencial para fortalecer las bases de una sociedad informada, capaz de contribuir en la promoción de la integridad pública.